Hace poco aparecía un interesante artículo en Diario medico en el que se trata bastante bien esta disyuntiva. Aquí os lo transcribo:

Hoy día es frecuente que ante cualquier circunstancia que nos altere o contradiga nuestras expectativas saquemos a relucir nuestros derechos.

Desde hace unos meses, cuando se comenzó a hablar de avanzar en la comunmente conocida como ley antitabaco, han aflorado numerosos defensores de que esto no ocurra para así instigar y forzar un debate social que no tiene nada de nuevo, como tampoco lo tienen los argumentos utilizados.

Cuando hablamos de salud -que en definitiva es lo que nos corresponde- y de derechos -porque el derecho a la protección y promoción de la salud también existe- es obligado hacer referencia al artículo 43 de nuestra Constitución, donde se reconoce no solamente el derecho a la protección de la salud sino también la competencia que tienen los poderes públicos para organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. Además, en este artículo también se indica que la ley establecerá los derechos y deberes de todos al respecto.

A tenor de lo articulado , ¿cuál es el deber y el derecho de una persona que no quiere respirar aire contaminado por el humo de tabaco en los lugares públicos cerrados? ¿Habrá que interpretar como deber el no acudir a estos lugares? ¿O tal vez la interpretación sea acudir obviando el perjuicio que puede ocasionar el respirar agentes cancerígenos y otros tóxicos reconocidos en el humo del tabaco? Y en este caso, si la persona tiene el sino de ser una de las 2.000 que mueren como consecuencia de haber respirado el humo de tabaco involuntariamente, ¿la industria se hará cargo de sus deudas? ¿Le pagara la educación de sus hijos? No, nada de esto ocurre.

Como es obvio, la finalidad de la industria del tabaco es vender y conseguir que los niños de hoy sean fumadores mañana (mejor que pasado mañana) y que los fumadores sigan siendo fumadores, aunque en ello les vaya la salud y la vida: uno de cada dos fumadores muere como consecuencia del consumo de tabaco, con una pérdida de 15-20 años de vida.

Y, para ello, qué mejor estrategia que conseguir, y en nuestro caso mantener la presencia del tabaco en la sociedad. Que los niños, ya desde su etapa de socialización primaria, acepten la presencia del tabaco en su vida cotidiana dentro y fuera de su hogar, y que los fumadores puedan hacerlo "por derecho" en los lugares públicos, como es el caso de bares y restaurantes.

¿Dónde quedan los derechos de quienes no quieren fumar? ¿Dónde quedan los derechos de quienes están obligados a trabajar en un lugar contaminado por el humo de tabaco? ¿Dónde están los derechos de los niños a que su socialización en los lugares públicos esté libre de consumo de tabaco? ¿Cómo se puede defender la libertad del individuo a ser fumador cuando se ha hecho adicto al tabaco a los 12 ó 13 años? ¿Dónde están los derechos de los fumadores que no consiguen dejarlo?

Ningún fumador, ni activo ni pasivo, tiene derechos a la hora de pedir responsabilidades a quien les ha alentado a fumar argumentando su derecho a hacerlo. En ese momento, la libertad de elección, manejada por la industria para aumentar su negocio, se transforma en su defensa para no perjudicar su negocio, responsabilizando al fumador de haber elegido fumar o al no fumador de haber elegido acudir a un lugar donde estaba permitido fumar.

El movimiento ciudadano es básico para que esto comience a cambiar pero, sin duda, las autoridades sanitarias tienen el deber de poner en marcha todos los mecanismos necesarios para que la ciudadanía -y no sólo la industria- comience a tener derechos. Avanzar en la ley actual y conseguir que todos los espacios públicos cerrados, incluida la hostelería, sean libres de humo al 100% es una necesidad y, aunque el debate está servido, sólo la fuerza de la razón y los derechos en términos de salud son los candidatos al éxito.